La fantasmagórica cuarta administración (Recortes, nº 4)


Dentro de esta serie titulada “recortes” y tal y como anunciaba al final de la segunda entrega, le ha tocado el turno a esa reliquia del siglo XIX llamada diputaciones provinciales y también “ayuntamientos de ayuntamientos”. Y muy a tiempo, pues es un tema que está en el candelero estos días. Sin ir más lejos el domingo pasado el diario “El Mundo” publicó un artículo titulado “El Gran Despilfarro” (que es el título de una película en la que un tipo tiene que gastar 30 millones de dólares en cosas inútiles en un mes para poder heredar 300), un magnífico reportaje de los que me gustaría escribir a mí si tuviera alguna idea de lo que digo en vez de estos artículos que son un 50% de tonterías y otro 50% de chorradas. Aunque peca de cierto sensacionalismo, quizá consustancial al segundo diario nacional por tirada y puede que el primero por influencia a estas alturas.

Entre otros datos acerca de los altísimos sueldos de los presidentes de las diputaciones, algunos de los cuales mayores que el del Presidente del Gobierno, el número de asesores, de coches oficiales y demás morralla habitual, deja caer que las diputaciones provinciales mueven 22.000 millones de euros al año, que es el cuádruple de lo que se ahorrará con los recortes a los funcionarios y congelaciones a los pensionistas. Efectivamente, para lo que queda de este año y todo el siguiente, el Gobierno pretende ahorrar 5 mil millones de euros (5 mpib o milésimas partes del PIB) en ese apartado, de un total de 15 mpib previstos por el decretazo, no el laboral sino el anterior, que estos días las noticias se suceden a ritmo vertiginoso y no ha terminado uno un artículo cuando ya se ha quedado atrasado. La cantidad que según “El Mundo” mueven anualmente las diputaciones, 22 mpib, supone aproximadamente el 6% de los P.G.E. ¿Significa eso que la eliminación de estos obsoletos organismos conllevaría automáticamente ese colosal ahorro? Pues no, en absoluto, pero al desprevenido lector de diarios que lee en diagonal o al atareado oyente de tertulias radiofónicas que  asimila lo que oye con el cerebro reptiliano mientras sus funciones superiores están ocupadas en tareas más complejas, habitualmente destinadas a ganarse el pan de sus hijos, podría parecerle que sí (y de los televidentes ni hablamos, que como no fuera que algún gandul de esos de “Gran Hermano” o esa gran líder de audiencias, musa de barrio y ejemplo a seguir para todas las verduleras patrias llamada Belén Esteban, mencionara el dato por alguna extraña conjunción cósmica, difícilmente le iba a llegar a la mayoría de ellos). De ahí a integrarse en una turba iracunda dispuesta a prenderle fuego a las sedes de las diputaciones provinciales, que con lo lujosas y artísticas que son sería una pena, no hay más que dos o tres pasos. Que como después del “suicidio” de la Selección (así, a secas, que es como se conoce a nuestro equipo de fútbol nacional), el próximo lunes Honduras nos la juegue también, me da que más de uno iba a estar dispuesto a recorrerlos de un brinco.

La posibilidad de la eliminación de las diputaciones provinciales no es un tema nuevo, lógicamente, y entre otros sitios, ya estaba en el programa electoral con el que UPyD concurrió a las Elecciones Generales de 2008, en el que se valoraba en 120 millones de euros (0,12 mpib) su eliminación. Un año y medio después, en la Ponencia Política salida de su Primer Congreso de noviembre de 2009 y dentro del apartado sobre la reforma constitucional, se incidía en el asunto de la eliminación de esta anacrónica institución, aunque sin valorarlo económicamente e incorporando un elegante eufemismo, que en UPyD somos muy finos: “Punto 82.10. […] Se estudiará el papel de las Diputaciones Provinciales, cuya necesidad real es bastante cuestionable (en este caso afectaría al artículo 141.2 CE)“. Y como parece que ciertas cosas van calando, hasta el todopoderoso segundo al mando de ese Titanic en avanzado estado de hundimiento que es el Gobierno de España, aunque no ostente la categoría de vicepresidente, Don José Blanco, ya no más Pepiño, nos ha obsequiado hace poco con una pregunta retórica al respecto del sentido de la permanencia de las diputaciones en una administración tan descentralizada como la española, retórica cuestión que los violines de la orquesta apenas han permitido oir.

De esas dos cantidades tan dispares, 22 mpib y 0,12 mpib, más de cien veces mayor la primera que la segunda, ¿cuál se corresponde mejor con la posible realidad de la eliminación de las diputaciones provinciales? Pues posiblemente la segunda, y no porque se diga en el programa del partido en el que milito, pues no sé cómo ha sido calculado ese valor, pero con toda seguridad la primera es disparatada y, según cómo se use, demagógica.

Pero antes de seguir con ese análisis, repasemos someramente (miedo me doy cada vez que uso esa palabra, que luego me salen unos tochos infumables que ni yo mismo soy capaz de leer) qué son esas diputaciones provinciales y cómo encajan en la estructura del Estado autonómico.

El citado artículo 141 C.E. nos dice que “la provincia es una entidad con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios…”(141.1), que “el gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo” (141.2), que “se podrán crear agrupaciones de municipios distintas de la provincia” (141.3) y que “en los archipiélagos las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos” (141.4). Y nada más.

Históricamente, las diputaciones fueron creadas tres años después que las provincias, en tiempos de Isabel II,  durante la regencia de su madre María Cristina de Borbón, concretamente en 1833 las provincias y en 1836 las diputaciones (ya estoy con las batallitas, cómo me conozco). El dibujo definitivo de los límites provinciales fue obra del granadino Javier de Burgos (dices tú de mili…) y es fama, aunque quizá sea una leyenda urbana, más bien rural en este caso, que se permitió el capricho de dividir la que inicialmente iba a ser una sola provincia en dos, Almería y Granada, de modo que esta última, su provincia, tuviera la forma de una lámpara oriental, como la de Aladino, rememorando así su glorioso pasado.

Casi dos siglos después las provincias siguen más o menos como entonces, con ligeros cambios en sus límites y la división de las Canarias en dos. Su encaje en la España autonómica se hizo un poco con calzador, de modo que las comunidades autónomas uniprovinciales no disponen de diputación provincial, pues la autonomía asume todas las competencias pertinentes, mientras que en las islas tampoco existe ese órgano, sino que hay consejos (“consells”) insulares en Baleares y cabildos en Canarias, más o menos uno por cada una de las islas mayores.

Únicamente en el País Vasco, que no tiene diputaciones provinciales sino forales (no iban a tener lo mismo que el resto, faltaría más), en Baleares y en Canarias, los miembros de las diputaciones, consejos o cabildos son elegidos en votación directa por los ciudadanos. En las demás provincias, treinta y ocho en total, se  eligen después de las elecciones municipales entre los concejales de los partidos que hayan obtenido representación, por lo que todos ellos tienen la doble condición, y el doble sueldo, de concejales y diputados provinciales. El número de diputados provinciales depende de la población de las distintas provincias o islas, sumando un total de más de mil doscientos, contando los de los cabildos y consejos.

Dejando aparte las diputaciones forales, los consejos y los cabildos insulares, que ejercen competencias muy importantes, las del resto de las diputaciones están relacionadas con la coordinación de los servicios ofrecidos por los ayuntamientos de las provincias correspondientes, muchos de ellos con muy pocos recursos recursos propios, pues recordemos que en España hay aproximadamente ocho mil municipios, de los que más de la mitad tienen menos de mil habitantes y unos mil tienen menos de cien.  Otras funciones de las diputaciones son la asistencia jurídica, económica y técnica a los municipios, la prestación de servicios de carácter supramunicipal y la cooperación al fomento de todo el territorio provincial, si bien muy habitualmente los municipios pequeños se agrupan en mancomunidades para la prestación de determinados servicios. La cosa se complica aún más con la creación de comarcas como unidades administrativas en algunas comunidades autónomas, caso de Aragón, o de las siete “veguerías” que en sustitución de las actuales cuatro provincias catalanas establece el Estatut, que aunque como el gato de Schrödinger no está ni vivo ni muerto, sigue generando legislación derivada.

El número de funcionarios que trabajan en las diputaciones provinciales y sus variantes es de aproximadamente 80.000, lo que nos da unos 1.500 por diputación o similar, “típicos” funcionarios de ventanilla, de esos que tanto le gustan a Forges pero que en realidad son una pequeña porción del total de empleados públicos. Pero además de esta enorme cantidad de funcionarios en relación con las labores desempeñadas,  las diputaciones son un coladero para contratar asesores hasta extremos indecentes, caso por ejemplo de la Diputación de Orense donde, según han denunciado numerosos medios, el Presidente José Luis Baltar tiene contratados a 300 afiliados del PP (véase un ejemplo del diario “Público”, que no suelo citar porque me parece un libelo infame que no sirve ni para envolver el pescado, pero que en este caso concuerda con otros de sus competidores).

Así pues, no es fácil ubicar esta administración provincial, pues aunque teóricamente forma parte de la llamada “tercera administración”, que es la local, funciona a un nivel intermedio entre ésta y la segunda o autonómica. Sus funcionarios además son traspasados de o a los ayuntamientos y autonomías con facilidad. Las diputaciones forales vascas, que sí tienen verdadero poder, actúan en gran medida independientemente del gobierno autónomo creando habituales conflictos de competencias y parálisis administrativa, algo que ha denunciado repetidamente el parlamentario vasco de UPyD Gorka Maneiro, que en eso como en tantas otras cosas se encuentra en heroica soledad en el Parlamento vasco, y algo similar ocurre con los cabildos de Canarias y los “consells” de Baleares. Llamémosla por tanto, sin que implique jerarquía alguna, la cuarta administración, una administración que gasta más de la mitad de su presupuesto en los gastos corrientes, personal y mantenimiento de infraestructuras, y que apenas dedica una pequeña parte de su presupuesto a las inversiones y a las transferencias de capital, característica que comparte con buena parte de los numerosísimos ayuntamientos.

En las citadas palabras de José Blanco, que debía de tener uno de sus días buenos y completando la mencionada pregunta retórica: “¿Tiene sentido en una administración tan descentralizada que sigan existiendo las diputaciones provinciales? ¿Tiene sentido que haya tantos miles de ayuntamientos, tan dispersos, que no tienen prácticamente capacidad de invertir y cuyo único gasto es el gasto corriente? Estas son las reflexiones de verdad. En el debate político nos hemos acostumbrado, lamentablemente, a hablar de chorradas en lugar de hablar de las cosas de fondo.

¿Y por qué se sigue manteniendo esa reliquia decimonónica, ese administración fantasma, opaca para los ciudadanos que ni siquiera tienen la oportunidad de elegir a sus responsables, dentro de la estructura administrativa del Estado español? La explicación más usual es la que aporta Rosa Díez en el mencionado reportaje de “El Mundo”: “Sólo sobreviven porque son útiles para los partidos. Son meros garitos de poder. Carecen de utilidad más allá de que los partidos coloquen a los suyos cuando no les queda hueco en los ayuntamientos, las comunidades autónomas, las cajas de ahorro…“. En el mismo artículo nos encontramos con el interesante dato de que entre los pasados presidentes de la Diputación de Barcelona se encuentran Tarradellas, Samaranch, Montilla y Corbacho, actual Ministro de Trabajo, como muestra de la capacidad de las diputaciones de actuar como trampolín político.

Y yendo ya a la cuestión que a mí más me interesa, ¿cuánto ahorro supondría la eliminación de las diputaciones provinciales y la redistribución de sus competencias entre autonomías y ayuntamientos? Imposible saberlo, al menos para mí, pues las fuentes consultadas difieren de tal manera que no hay modo de hacerse una idea clara. Pero como en caso de eliminarlas no se a va a despedir a los funcionarios que trabajan en ellas, por muy gandules que se hayan vuelto, y suponiendo que se mantengan todas las infraestructuras, incluidos esos palacios tan artísticos, el ahorro vendía principalmente de los sueldos de los diputados autonómicos, además de la eliminación de coches oficiales, asesores diversos y toda la morralla habitual. Si esos mil y pico diputados tienen un sueldo de entre 50.000 y 100.000 euros anuales, según dice “El Mundo”, tenemos una cantidad del orden de entre 50 y 100 millones de euros, que cuadra bastante con los 120 que aparecen en el programa electoral de UPyD y que podrían incluir otros apartados. De nuevo nos encontramos con un ahorro que no es espectacularmente grande y que además implicaría una reforma constitucional. En cambio la refundición de buena parte de los 8000 ayuntamientos en otros más pequeños no implicaría más que la voluntad de hacerlo, y seguramente podría producir un ahorro mucho mayor. Y así, tacita a tacita…

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