Programa de UPyD para el 20N. Apartado 7. Justicia


En el apartado de Justicia, el programa de UPyD presenta las siguientes propuestas:

1) Recuperación por el Estado de todas las competencias en materia de Justicia. Realizar un análisis riguroso de la situación y necesidades de la Administración de Justicia para determinar las reformas estructurales necesarias.

2) Supresión de los juzgados especializados en la violencia de género. Reforzar los medios para la efectiva ejecución de resoluciones judiciales.

3) Modificación del Código Penal para poder inhabilitar o suspender automáticamente a los cargos públicos y representantes democráticamente elegidos que incumplan deliberadamente las resoluciones judiciales firmes o inciten a su incumplimiento.

4) Derogar la normativa procesal que bajo términos como “agilización” o “modernización” suponga una restricción al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

5) Medidas para reducir la litigiosidad: promover el uso de un lenguaje más claro y sencillo en el ámbito judicial en su relación con los ciudadanos; acabar con la proliferación normativa injustificada (“pocas leyes, claras y que se cumplan”); fomentar el derecho preventivo o asesoramiento previo a la asunción de derechos y obligaciones; fomentar los pactos reguladores de las consecuencias de las rupturas de pareja; promulgar una Ley de Mediación que contemple los distintos ámbitos: familiar, civil, mercantil y penal; incrementar las multas en casos de actuaciones judiciales realizadas con mala fe procesal o ánimo dilatorio.

7) Penalización del negacionismo de cualquier genocidio o crimen terrorista (por ejemplo, denominar a los terroristas de ETA encarcelados “presos políticos”).

8 ) Estudiar la inclusión en el Código Penal de un nuevo delito de administración desleal de autoridades y cargos públicos que, en el ejercicio de sus funciones públicas causen, por acción u omisión, al Estado o a los ciudadanos que representan un perjuicio económicamente evaluable.

9) Derogación de la LO 12/2011 que modifica la LOPJ para que jueces, fiscales y secretarios judiciales con cargos públicos puedan retornar en el futuro a su carrera sin perder antigüedad y con el privilegio de tener preferencia a la hora de elegir destino.

(Pinchar para descargar el pdf)

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