¿Recortando la democracia o demoliendo el Estado de Derecho?


ImplosionSe ha convertido en un eslogan, inicialmente empleado por los partidos de izquierda para denunciar y oponerse a los recortes en prestaciones sociales, y posteriormente adoptado por todos los demás partidos, sindicatos u organizaciones de todo tipo para cuestionar cualquier reforma que no les convenga por los motivos que sea. A lo de “recortar la democracia” me refiero. Antes de ayer, sin ir más lejos, pudimos leer en la prensa que “cuatro autonomías se plantan a (sic) la reforma local por ser un recorte en democracia“.

Como buen eslogan, eso de “recortar la democracia” es una burda simplificación que sirve lo mismo para un roto que para un descosido. Y así reducir el subsidio de desempleo en tiempo o en cantidad es “recortar la democracia”, reducir las subvenciones a los partidos y a los sindicatos es “recortar la democracia”, modificar la distribución de competencias entre los distintos niveles de la administración del Estado es “recortar la democracia”, pretender fusionar ayuntamientos es “recortar la democracia”…

Y esa burda simplificación lo es de algo tan denso y complejo, y a la vez tan escueto, como es el artículo 1 de la Constitución Española, y ni siquiera todo él, tan sólo la primera parte del punto 1 del artículo: “España se constituye en un Estado social y democrático de derecho”.

Tan breve declaración implica tres (o cuatro) cosas a la vez: 1) Que España es un Estado (sólo uno, esa sería la cuarta cosa) de Derecho; 2) Que España es un Estado social; 3) Que España es un estado democrático. Parece obvio, pero no lo es tanto. Porque un Estado de Derecho, es decir, con separación de poderes y sometido al imperio de la Ley, lo normal es que además sea un Estado democrático. Pero en una democracia pura no tiene por qué haber separación de poderes, ni siquiera leyes, pues lo que cuenta es la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. Como la democracia pura o asamblearia no es nada práctica en cuanto hay un número un poco grande de personas (yo diría que ese número habría que fijarlo en dos, pero es una apreciación personal), los Estados democráticos crean instituciones que se vigilan unas a otras y se contrapesan entre sí, además de controlar los posibles excesos de la democracia al someterse los ciudadanos (voluntariamente, si no no podríamos hablar de democracia) al  mencionado imperio de la Ley.

En cuanto a que un Estado sea social, implica que se obliga a sí mismo a promover la justicia social y el bienestar de sus ciudadanos, es decir, su salud, su educación, las pensiones, la cobertura de desempleo, las ayudas para discapacitados … Pero todo eso no implica, en modo alguno, que el Estado social tenga que ser democrático ni de Derecho. ¿O acaso no presumen los regímenes totalitarios (que no son exactamente lo mismo que las dictaduras) de cualquier signo, sea la Cuba comunista o la España franquista, de proporcionar el bienestar a sus ciudadanos? Que es deseable que el Estado social sea democrático y de Derecho, por supuesto, pero que no es una condición imprescindible creo que es evidente para cualquiera. La justicia social y la libertad individual son variables que tienden a compensarse la una a la otra, de modo que no es posible maximizar las dos al mismo tiempo, aunque curiosamente sí que es posible reducirlas las dos a cero. Y, por otra parte, la mayor o menor extensión del Estado social viene determinada a la fuerza por los recursos disponibles, si bien la decisión acerca del mejor modo de emplear los recursos tiene carácter ideológico, tanto en un régimen democrático como en uno totalitario.

Todos estos conceptos, aunque cada uno de ellos tiene una inmensa bibliografía detrás, creo yo que son bastante fáciles de entender, y aquí mismo se puede encontrar una explicación sencillita pensada para estudiantes de bachillerato.

Pero, por si fuera necesario rebajar un poco más el nivel de la explicación, bastaría con comparar el Estado de Derecho con una casa, con sus cimientos, sus vigas maestras, su cubierta y los demás elementos, algunos de ellos estructurales (es decir, que sin ellos la casa se viene abajo) y otros no estructurales, aunque también importantes. Una casa en la que, democráticamente, han decidido vivir sus habitantes, sometiéndose a unas reglas, lo mismo que podrían haber decidido vivir en una cueva, al aire libre o cada uno por su cuenta, sin reglas que los aten. Y en cuanto al Estado social, evidentemente se corresponde con el alimento, el agua corriente, la luz y el gas, la ropa … y, si hay dinero suficiente, el teléfono, internet, la tele de plasma …

Entonces, ¿hasta que punto se puede considerar “recortar la democracia” el disminuir algunos gastos si la falta de recursos lo hace necesario? Pues dependerá de si son superfluos o esenciales. Por ejemplo, dejar a alguien sin comer “recorta la democracia” notablemente, pues quien se muere de inanición difícilmente podrá hacer valer su voluntad. Pero quitar la tele de plasma no parece que sea el caso. Aún así, hemos podido ver estos días como todas las fuerzas políticas (salvo la propia, claro) han puesto el grito en el cielo cuando el presidente de la Comunidad Valenciana ha decidido eliminar la “tele de plasma” que es la Radiotelevisión Valenciana, ese agujero sin fondo presupuestario que tan poco aporta en cualquier sentido a los valencianos. Se podrá responder que a los empleados de RTVV se les está dejando sin comer, cierto, pero es que las administraciones públicas están para dar servicios públicos, priorizando los esenciales, no para crear empleo ni, desde luego para “colocar a todo el mundo”, como le decían a Felipe González.

Lo expuesto en el párrafo anterior se puede discutir hasta el agotamiento en democracia, y eso es lo que realmente diferencia a unas de otras opciones políticas democráticas, desde las que consideran que basta con tener una casa común, aunque esté desnuda de decoración e incluso cada uno tenga que buscarse la comida y demás recursos por su cuenta, hasta los que piensan que la despensa y el botiquín tengan que estar siempre repletos y disponibles para todo el mundo, aunque haya quien no aporte nada, e incluso que tenga que haber una televisión Full HD de 40 pulgadas en cada habitación y un coche de primera mano para cada uno de los habitantes de la casa, aunque nos tengamos que endeudar por tres veces y media el valor del edificio y de su contenido, obligando a nuestros descendientes hasta la tercera generación a pagar las deudas contraídas.

Todas esas cosas, ya digo, son aceptables en democracia, por más insensatas que nos puedan parecer algunas o por más insensibles que nos puedan parecer otras. Pero lo que no es aceptable es que serremos las vigas maestras de la casa, que hagamos agujeros a la cubierta que nos protege o que escarbemos en los cimientos como fuéramos termitas, porque inevitablemente se nos acabará cayendo la casa encima o sufriremos la furia de los elementos externos.

Pero eso, desgraciadamente, es lo que pasa en España desde los inicios del actual sistema democrático, que los partidos políticos y sus cómplices económicos y mediáticos se han dedicado con perseverancia a desgastar la estructura del Estado de Derecho, convirtiéndola en algo teórico y endeble, a punto de venirse abajo si es que no lo ha hecho ya. El imperio de la Ley brilla por su ausencia y la separación de poderes se ha vuelto irreconocible, aún más después del último reparto del Consejo General del Poder Judicial. Un escandaloso reparto en el que han participado alegremente y con absoluto cinismo el Partido Popular y el Partido Socialista, el Partido Nacionalista Vasco, Convergencia y Union y el partido que fingía no hace mucho denunciar estos pasteleos, Izquierda Unida. Es decir, algunos de los partidos que ponen el grito en el cielo cuando aprecian cualquier “recorte a la democracia” que, si bien es cierto que en muchas ocasiones constituyen verdaderos perjuicios a los ciudadanos, en otras muchas se trata realmente de limitar las parcelas de poder de esos partidos. A ese “totum revolutum” juegan nuestros supuestos representantes, intentando hacernos creer a los ciudadanos que atacarles a ellos o a sus prácticas es socavar la democracia, cuando lo cierto es que son ellos con su egoísmo y mezquindad los que están consiguiendo derribar el Estado democrático, social y de Derecho, las tres (o las cuatro) cosas a la vez.

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